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El Covid-19 en Colombia. Por: Michell Katalina Ávila Pineda

(Texto escrito hasta el 15/06/2020)

Colombia es un país situado en la región noroccidental de América del Sur, posee una población multicultural, la cual es, en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, con minorías de indígenas y afrodescendientes. El siguiente escrito busca evidenciar cómo se está viviendo en Colombia la pandemia del Covid-19 y cuál ha sido la respuesta que se da por parte del gobierno. 

El primer caso de Covid-19 en Colombia fue informado por parte del Ministerio de salud y protección social el pasado 6 de marzo de 2020 en la capital de Bogotá. Se trataba de una mujer de 19 años que llegó a la ciudad procedente de Milán (Italia) el 26 de febrero de 2020.

Durante la misma semana, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se reunió con Secretarios de Salud del país, EPS, IPS, aseguradoras y agremiaciones para establecer el Plan de respuesta ante el ingreso de coronavirus a Colombia, por lo cual, todos los territorios tuvieron que activar su plan de contingencia para enfrentar este reto en salud mundial.

El reporte más reciente del Ministerio de Salud entregado el 12 de junio de 2020, da cuenta de que en total hay 46.858 casos confirmados, 1.545 muertes y 18.715 recuperados. Bogotá es la ciudad con el mayor número de casos (14.950), seguida por el departamento de Atlántico con 8.597, Valle del Cauca con 5.443, Bolívar con 4.755 y Amazonas con un total de 2.091.

Las personas entre 30-39 años son el grupo más afectado, con un total de 10.333 contagiados; en la distribución por sexo, hay mayor número de casos masculinos, con 26.002 (55.49%), mientras que en el grupo femenino hay 20.856 (44.51%). 

Dentro de las medidas adoptadas están las directrices para la implementación, preparación y respuesta ante el Covid-19 (Circular 05 de 2019), la emergencia sanitaria (Resolución 385 de 2020), el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional (Decreto 417 de 2020) el cual autoriza al presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos; los procedimientos de atención ambulatoria a poblaciones vulnerables (Resolución 521 de 2020) y el Plan de acción para la prestación de servicios en contención y mitigación (Resolución 536 de 2020).

El 6 de febrero de 2020, antes de que llegara el virus al país, se adquirió la capacidad para realizar pruebas de laboratorio a través del Instituto Nacional de Salud. El 12 de marzo, se informó la suspensión de eventos con más de 500 personas y el aislamiento obligatorio de viajeros y tripulantes de transportes marítimos en los que se hayan detectado casos. El 15 de marzo, el Gobierno nacional suspendió el ingreso aéreo a extranjeros y cierre de pasos fronterizos terrestres, fluviales y marítimos con Ecuador, Brasil, Panamá y Perú.

La primera muerte por coronavirus se registró el 16 de marzo, y al día siguiente (17 de marzo), fue anunciada la suspensión de eventos que congregaran más de 50 personas. El Gobierno Nacional suspendió las clases en todos los colegios y universidades a partir del 16 de marzo de 2020. La clausura temporal de establecimientos de ocio, baile y entretenimiento se llevó a cabo el 18 de marzo y el 20 el Ministerio de Salud informó el aislamiento preventivo obligatorio para adultos mayores de 70 años.

El aislamiento preventivo obligatorio nacional comenzó el pasado 25 de marzo. Ese día se emitió también la Circular 19 para la implementación de pruebas rápidas en el país, así como el Decreto 476 con medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19. El 31 de marzo, el país entró en fase de mitigación y el 3 de abril el Ministro de Salud explicó el Plan de contingencia para Covid-19 en Colombia, que incluye la atención ambulatoria de poblaciones en riesgo. El 4 abril el uso de tapabocas se hace obligatorio en el sistema de transporte público y lugares concurridos.

En el sector social, el gobierno implementó medidas como garantizar la provisión de recursos económicos para la población vulnerable no asalariada que pueda ser afectada por esta situación. Así como la ampliación de transferencias monetarias de los programas de Prosperidad social tales como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. También se adelantó el inicio del Programa de Devolución del IVA para la población más vulnerable. Por otro lado, una medida adoptada para aliviar a las personas de bajos recursos y que no pertenecían a ningún programa de protección social, fue el programa ingreso solidario, el cual consiste en un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.

Otra de las medidas adoptadas para proteger a la población vulnerable fue la reconexión del servicio de agua, gratuitamente a las personas que lo tenían desconectado por falta de pago, para que así durante la emergencia sanitaria tengan acceso a este servicio, ya que el lavado constante de manos es fundamental para la prevención del Covid-19. Para los estratos 1 y 2, también habrá alivios de pago de los servicios de agua y luz durante el aislamiento, pues quienes no puedan pagar las facturas podrán diferir ese pago durante 36 meses. Por otra parte, el gobierno prohibió el desalojo de personas que viven en arriendo durante el tiempo que dure la emergencia y hasta dos meses después. Además, se congelan cánones de arrendamiento, es decir, no se podrá incrementar el costo de los arriendos durante la pandemia. 

Con el Decreto Ley 486 de 27 de marzo de 2020, se permitió otorgar un incentivo económico a aquellos trabajadores y productores del campo mayores 70 años que tengan aislamiento obligatorio y que no estén cubiertos por algún beneficio del Gobierno, a fin de contribuir a su subsistencia.

El gobierno destinará $14,8 billones para atender emergencia por coronavirus en Colombia; con esto se busca aumentar los recursos para el sector de la salud, y así facilitar la adquisición de equipos médicos, el aumento de la disposición de capacidades de testeo y también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta. Por lo tanto, $12,1 billones de estos recursos provendrán del Fondo de Ahorro y Estabilización, mientras que los $2,7 billones restantes saldrán de los aportes al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Por otra parte, el gobierno creó bajo el Decreto 444 de 2020, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el cual pretende garantizar los recursos necesarios para atender la crisis generada por el coronavirus Covid-19. Con esto busca inyectar más de 6 billones de pesos adicionales a los que se tenían en el sistema de salud para atender la emergencia.

En términos económicos, el gobierno optó por mantener las relaciones crediticias de los hogares y empresas, a través de la promoción de líneas de crédito y garantías para que la micro y pequeña empresa, y los hogares puedan cumplir sus obligaciones financieras. Las medidas también incluyen unas líneas de crédito que le permitirá a las empresas mantener el pago de las nóminas. Para los hogares habilitó el programa de alivio de deudas para el pago de créditos e hipotecas.

Con el Decreto Ley 463 de 22 de marzo de 2020, se eliminaron los aranceles para la importación de algunos medicamentos y dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, al igual que insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico. Las distribuidoras y comercializadoras, así como droguerías y grandes superficies, limitarán la venta al detal de los productos a 2 unidades por grupo familiar, por semana.

En el Decreto Ley 464 de 23 de marzo de 2020, se declararon servicios públicos esenciales, los de telecomunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales. Por tanto, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio.

En materia de trabajo, el Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, socializó la Circular 021, que contempla medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del Covid-19 y de la declaración de emergencia sanitaria en el país. Para tal efecto, el documento expone alternativas como: el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas y los permisos remunerados. Por otro lado, el Ministro luego anunció que el Gobierno Nacional asumiría el costo de 50% de la prima de junio de todos los trabajadores formales que estén en el rango de un salario mínimo.

Mediante el Decreto 639 de 2020, se creó el Programa de apoyo al empleo formal – PAEF, con el cual el Gobierno Nacional otorgará mensualmente y hasta por 3 veces, un aporte por empleado correspondiente a un 40% del salario mínimo, para que las empresas paguen los salarios de sus trabajadores.

En el sector transporte, se restringió el transporte intermunicipal y municipal de pasajeros, exigiéndose que haya un límite de movilidad de hasta el 20% de la operación del servicio de transporte municipal, para que así se garantice la movilidad de médicos, enfermeras y los prestadores del servicio de salud, y de aquellos que estén vinculados con actividades excepcionadas. También se restringió la operación comercial de pasajeros por vía aérea dentro del territorio nacional; se habilitó, por vía de excepción, para aviones ambulancia y casos humanitarios. Los puertos de servicio público y privado de carga mantendrán una operación abierta, para garantizar el abastecimiento. Las sociedades portuarias deberán tener un equipo mínimo de operadores para atender las necesidades básicas. Estos deberán estar sujetos a los protocolos de bioseguridad.

De las medidas que se han implementado para la contención del virus, las que ha demostrado mayor efectividad son el aislamiento obligatorio de la población, en combinación con el aislamiento de adultos mayores, el cierre de colegios y la cancelación de cualquier evento en el cual se reúnan más de dos personas. Aunque estas estrategias han sido efectivas para reducir la tasa de contagio, también han tenido consecuencias sociales y económicas importantes, especialmente en lugares donde las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos son una de las principales barreras para poder adquirir bienes y servicios.

En países subdesarrollados como los de Latinoamérica, la mitad de la población debe seguir en movimiento puesto que, los niveles de vida de gran cantidad de la población son muy bajos y por esto deben salir a rebuscarse lo del día a día. En Colombia, uno de los países más desiguales de la región, la cuarentena excluyó todavía más a los marginados de siempre. Hoy muchas personas deambulan por las calles en busca de poder sobrevivir cobijados por una gran incertidumbre.

Esta cuarentena ha hecho más evidente el problema del hambre, pues millones de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a productos de la canasta básica; acosados por la escasez, los colombianos más pobres incumplen el aislamiento obligatorio vigente desde el pasado 25 de marzo para rebuscar en las calles el sustento diario para alimentar a sus familias.

Más de cinco millones de colombianos dependen de la economía informal y sobreviven sin ingresos fijos mensuales (cerca del 50% de la población trabaja en la economía informal), este dinero se ha ido esfumando porque con la cuarentena obligatoria la mayoría no tienen privilegios de realizar sus actividades comerciales desde casa. La manera que han encontrado para hacerse escuchar es mediante el ruido de las cacerolas que han vuelto a escucharse en los barrios más vulnerables del país, donde los habitantes desesperados aguardan la llegada de los alimentos y subsidios que el Gobierno prometió para las personas de más bajos recursos.

A pesar de las medidas en materia social adoptadas por el gobierno, distintas ciudades del país se han vestido de rojo como grito de auxilio ante la falta de comida, desde los barrios de más bajos recursos, hasta en barrios de estratos altos, las ventanas se cubren de este color para pedir ayuda. En muchas partes del país hay colombianos a los que el hambre se les convirtió en un asunto de vida o muerte; la situación los ha obligado a salir a pedir alimentos de puerta en puerta en los vecindarios más pudientes.

Las ayudas que han recibido los más desamparados, generalmente son donaciones entregadas por empresas o particulares, pero, estas son insuficientes para alimentar a una familia por largos periodos. A pesar de la cuarentena, hay muchedumbres tomando las calles y bloqueando carreteras como forma de protesta, el desespero de no tener que llevar a la mesa, ha desencadenado disturbios y saqueos a las ayudas que envía el Gobierno y a comercios en algunas partes del país. Estas acciones han estado motivadas por el hambre, miedo, desespero y una sensación generalizada de desamparo institucional, ya que estas ayudas no han llegado a muchas partes del país.

Muchas de las familias y personas que durante la cuarentena han caído en situación de vulnerabilidad, no estaban registradas en los sistemas de subsidio del gobierno. Censar a los necesitados es una labor extensa que toma tiempo y por esto, no todas estas familias han recibido ayudas que está dando el gobierno. Es por esto que esta situación representa un reto para el gobierno ya que debido a la pandemia una gran cantidad de personas van a caer en una pobreza extrema.

Sumado a la situación de hambre de los más pobres y su incapacidad de aislamiento, estos hogares no se pueden proteger con la estrategia más básica como es el lavado de manos. Muchos hogares en Colombia no cuentan con agua potable ni alcantarillado. Los hogares con mayores niveles de pobreza y que, por sus características son más vulnerables también a contagiarse, ya que viven en situaciones insalubres, son aquellos que lamentablemente sufrirán las consecuencias más severas de la pandemia.

Otra comunidad que se ha visto seriamente afectada por el aislamiento son los migrantes venezolanos puesto que, la mayoría de ellos trabajan en la economía informal porque a muchos se les ha hecho muy difícil conseguir una mejor oportunidad de empleo. El gobierno no ha anunciado medidas asistenciales para los venezolanos (salvo apoyo médico a los que están regularizados). Ahora, con la emergencia global, muchos venezolanos temen que su situación empeore: venidos de un país donde el Estado prestaba amplia asistencia social, muchos esperan que el gobierno colombiano los trate de la misma forma que a los colombianos, y les preste las ayudas necesarias. Migración Colombia estima que poco más de la mitad de los dos millones de venezolanos en Colombia no tienen un estatus legal regularizado, lo cual les impide acceder a los servicios de asistencia más rápido.

A pesar del aislamiento obligatorio, en Colombia el asesinato a líderes sociales no ha cesado; según el informe “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP): los asesinatos de líderes sociales en Colombia crecieron un 53 % en el primer cuatrimestre de 2020, en el que también incrementaron en un 5 % los desplazamientos forzados. Este es un país letal para las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, debido al histórico conflicto armado que se ha vivido, pero, ahora, sumado el contexto del Covid-19, enfrentan aún mayores riesgos por las restricciones respecto a la pandemia; deben permanecer en sus casas lo que los hace un blanco más fácil, también sus esquemas de protección estatal han sido disminuidos así que sus agresores han aprovechado para seguir asesinándolos.

En Colombia, el Estado se niega a tomar en cuenta los ataques sistemáticos de los que son víctimas estas personas. Desde la firma del acuerdo de paz y el cambio de gobierno, las cifras de muertes de estos líderes han aumentado visiblemente. Las autoridades colombianas no pueden dejar que las personas defensoras sufran ataques y amenazas. El Estado debe mantener los esquemas de protección otorgados y debe generar estrategias de protección colectiva para comunidades en situaciones de riesgo, a la par que implementa medidas preventivas para contener el Covid-19. También se deben implementar diferentes estrategias dependiendo el grupo poblacional al que se esté dirigiendo pues, no deben ser las mismas medidas para las comunidades indígenas, activistas sociales, que para el resto de la población. Es decir, debe haber un enfoque diferencial (género, étnico, etario y territorial).

La situación de los pueblos y naciones indígenas en Colombia frente a la pandemia es cada vez más trágica, y tiende a profundizarse debido a la alta vulnerabilidad por las precarias condiciones de salud que históricamente los han afectado.

Leticia es uno de los pueblos más afectados por esta pandemia, es la capital del Amazonas y el territorio en Colombia con más casos por millón de habitantes. Los pueblos indígenas están viviendo un verdadero suplicio ya que esta región del país cuenta con un sistema de salud que no tiene cómo responderle a un pueblo tan vulnerable y apartado. Sus dos centros médicos, el Hospital San Rafael y la Clínica Leticia, ya no tienen cómo atender a tantos enfermos puesto que se encuentran sin mantenimiento, desabastecidos de medicamentos e insumos médicos. Cuentan con solo dos ambulancias, las camas están copadas y los cementerios no tienen espacio para enterrar más muertos.

Otro componente más que agrava la situación de estos pueblos es el conflicto armado, se han venido registrando hostigamientos sobre todo en el Norte del Cauca, sumado a esto, está la escasez de agua potable, alimentos y elementos de bioseguridad. Es menester del Estado tomar medidas especiales frente a estas comunidades que se adecuen a su cultura y su territorio. 

Uno de los problemas que tiene Colombia, es que el sistema de salud está privatizado casi en su totalidad, así que queda muy poco en el sector público para enfrentarlo. Además, las instituciones hospitalarias no cuentan con la infraestructura, ni con la adecuación necesaria para hacer frente a una crisis sanitaria de esta escala. Esto sin mencionar que los profesionales de salud tampoco cuentan con los elementos adecuados de bioseguridad para tratar a un paciente contagiado con el coronavirus.

En Colombia se presentan varias dificultades como lo son la corrupción, problemas logísticos, problemas administrativos, subdesarrollo, inequidad e ingobernabilidad; esta mezcla de factores lo que hace es agudizar la vulnerabilidad de los trabajadores informales, desplazados y migrantes venezolanos. Con cada día que pasa y no les llega la ayuda necesaria queda más evidente la desigualdad estructural que sufre Colombia y que ahora se manifiesta de una manera más cruda.

Este tipo de situaciones no solamente son un reto para el sistema de salud. Son situaciones en donde el modelo de mercado en que nos encontramos es puesto a prueba, ya que esta pandemia no solo afecta a la salud pública; también afecta en gran medida a la economía (por el aislamiento) y, en donde queda en evidencia que el bienestar social y la salud de la población va más allá de los intereses de los poderes del mercado.

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